Tema 1. Constitución Española de 1978
Epígrafe oficial: La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.
Más allá de la estructura del texto de 1978, este tema se centra en su parte dogmática y en los instrumentos que la protegen. El Título I parte de la dignidad de la persona como fundamento del orden político (art. 10.1) y reconoce, entre otros, la vida y la integridad física y moral (art. 15), la libertad ideológica y religiosa sin confesión estatal (art. 16), un tope de setenta y dos horas para la detención preventiva (art. 17.2), la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2) y la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1). El artículo 53 escalona las garantías: reserva de ley respetuosa con el contenido esencial y, para el artículo 14 y la Sección Primera, un cauce preferente y sumario más el recurso de amparo. El artículo 55.1 permite suspender ciertos derechos, como la libertad de circulación, en los estados de excepción o de sitio. Completan el cuadro el Defensor del Pueblo (art. 54), el Tribunal Constitucional del Título IX, con doce magistrados y mandato de nueve años, y la reforma por tres quintos (art. 167) o por la vía agravada del artículo 168, vedada en tiempo de guerra o bajo los estados del artículo 116.
Conceptos importantes
- El artículo 17.2 CE impide que la detención preventiva se prolongue más allá de lo estrictamente necesario para esclarecer los hechos y fija un tope de setenta y dos horas, tras el cual la persona detenida queda en libertad o a disposición judicial.
- Conforme al artículo 18.2 CE, solo cabe entrar o registrar un domicilio con consentimiento del titular, con resolución judicial o en caso de flagrante delito.
- El artículo 21.2 CE somete las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones a comunicación previa, no a autorización, y la autoridad únicamente puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
- Por el artículo 53.1 CE, los derechos del Capítulo Segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio solo puede regularse por ley, que debe respetar su contenido esencial.
- El artículo 53.2 CE ofrece para el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo Segundo un procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria y, en su caso, el amparo constitucional, vía que se extiende a la objeción de conciencia del artículo 30.
- El Defensor del Pueblo es, según el artículo 54 CE, alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, con facultad de supervisar la actividad de la Administración y dando cuenta a las Cortes; lo desarrolla la Ley Orgánica 3/1981.
- El artículo 162.1.a) CE legitima para el recurso de inconstitucionalidad al Presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a cincuenta Diputados, a cincuenta Senadores y a los órganos colegiados ejecutivos autonómicos y, en su caso, a sus Asambleas; la LOTC fija un plazo de tres meses desde la publicación de la norma.
- En la reforma ordinaria del artículo 167 CE el referéndum solo procede si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a la aprobación, mientras que en la del artículo 168 la ratificación popular es siempre obligatoria.
Preguntas de ejemplo
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Según el artículo 21.1 de la Constitución, ¿qué requisito es necesario para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas?
Respuesta: El artículo 21.1 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, estableciendo expresamente que su ejercicio no necesitará autorización previa, si bien el artículo 21.2 exige comunicación previa a la autoridad en el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, la cual solo podrá prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Según el artículo 162.1.b) de la Constitución, ¿quiénes están legitimados para interponer el recurso de amparo?
Respuesta: El artículo 162.1.b) CE legitima para interponer el recurso de amparo a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal.
Según el artículo 161.2 de la Constitución, ¿qué efecto produce la impugnación por el Gobierno de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional?
Respuesta: El artículo 161.2 CE establece que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, produciendo la impugnación la suspensión de la disposición o resolución recurrida, si bien el Tribunal debe ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
En el procedimiento de reforma agravada (art. 168 CE), tras aprobarse el principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara, ¿qué ocurre a continuación?
Respuesta: El artículo 168.1 CE prevé que, aprobado el principio de reforma por mayoría de 2/3 de cada Cámara, se procederá a la disolución inmediata de las Cortes; las Cámaras electas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional.
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