Tema 2. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión

Administrativo/a · Administración de la Seguridad Social · Tema 2 de 36

Los derechos y deberes fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución Española de 1978 son el eje de este tema. Abarca la clasificación de los derechos (fundamentales y libertades públicas, derechos y deberes de los ciudadanos y principios rectores de la política social y económica) y, sobre todo, su sistema de garantías del artículo 53: reserva de ley, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tutela preferente y sumaria y el Defensor del Pueblo. También aborda la suspensión de derechos, general e individual, con la remisión a la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Conceptos importantes

• El artículo 12 de la Constitución establece de forma directa y escueta que "los españoles son mayores de edad a los dieciocho años", precepto que fija con rango constitucional la edad a partir de la cual se adquiere, con carácter general, la plena capacidad de obrar para el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico español.
• El artículo 20.1 de la Constitución Española reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
• El artículo 17.2 de la Constitución Española establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
• El artículo 26 de la Constitución prohíbe expresamente los "Tribunales de Honor" en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, tratándose de una garantía frente a formas de enjuiciamiento paralelas a la jurisdicción ordinaria que, bajo el régimen anterior, podían imponer sanciones al margen de las garantías procesales propias de un procedimiento sancionador reglado.
• Art. 25.2 CE: el condenado a pena de prisión tendrá en todo caso derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
• Art. 116.3 CE: la duración del estado de excepción no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

Preguntas de ejemplo

Ejemplos reales del banco de preguntas de este tema, con su explicación. No es el test completo.

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