Tema 7. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Administrativo/a del Estado · Administración General del Estado · Tema 7 de 45

La Ley 19/2013 se aborda aquí con su detalle procedimental y sancionador. Su ámbito subjetivo comprende todas las Administraciones territoriales y sus entes dependientes (art. 2.1), y el artículo 3 extiende parte de la publicidad activa a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que reciban en un año más de 100.000 euros en ayudas o subvenciones, o al menos el 40 % de sus ingresos con un mínimo de 5.000 euros. La información debe publicarse de forma clara, estructurada y preferiblemente reutilizable (art. 5.4), incluidos todos los contratos formalizados y los menores agrupados trimestralmente, y el incumplimiento reiterado de estas obligaciones es infracción grave a efectos disciplinarios. En el acceso, la solicitud admite cualquier medio que acredite la identidad del solicitante, los terceros afectados disponen de quince días para alegar y el acceso se facilita preferentemente por vía electrónica, en un máximo de diez días desde la resolución y de forma gratuita, salvo copias o cambios de formato. Frente a la resolución cabe una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que debe resolver en tres meses, salvo para los órganos del artículo 2.1.f), como el Congreso o el Senado, cuyas decisiones solo admiten recurso contencioso-administrativo. El Título II, de buen gobierno, se aplica a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos estatales; las infracciones muy graves conllevan la destitución y la imposibilidad de ser alto cargo durante cinco a diez años, y prescriben a los cinco años, frente a tres las graves y uno las leves.

Conceptos importantes

• El artículo 3.b) de la Ley 19/2013 sujeta a publicidad activa a las entidades privadas que perciban en un año ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros o que supongan al menos el 40 % de sus ingresos, con un mínimo de 5.000 euros.
• El artículo 8.1.a) obliga a publicar todos los contratos formalizados con su objeto, duración, importes de licitación y adjudicación, procedimiento y número de licitadores, y permite agrupar trimestralmente los contratos menores.
• Si la información solicitada afecta a terceros identificados, el artículo 19.3 les concede quince días para alegar, suspendiéndose entretanto el plazo para resolver.
• El perjuicio para la defensa es un límite al derecho de acceso del artículo 14.1, no una de las causas de inadmisión que recoge el artículo 18.1.
• El acceso a la información es gratuito según el artículo 22.4, aunque la expedición de copias o el cambio de formato pueden generar exacciones conforme a la normativa de tasas y precios públicos.
• La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es potestativa, sustituye a los recursos administrativos, se interpone en un mes y debe resolverse en tres meses, entendiéndose desestimada si no hay respuesta (art. 24).
• Cuando el infractor es miembro del Gobierno o Secretario de Estado, incoa y resuelve el Consejo de Ministros, y la instrucción corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses (art. 31 Ley 19/2013).
• Integran la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno su Presidente, un Diputado, un Senador y representantes del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la AEPD, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la AIReF (art. 36.2).
• El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, adscrito al Ministerio competente en Hacienda y Función Pública (art. 33), presenta cada año ante las Cortes Generales una memoria sobre el grado de aplicación de la ley (art. 38.1.d).

Preguntas de ejemplo

Ejemplos reales del banco de preguntas de este tema, con su explicación. No es el test completo.

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