Tema 11. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Auxiliar Administrativo/a del Estado · Administración General del Estado · Tema 11 de 28

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común, los principios de la potestad sancionadora y el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Tienen la consideración de interesados quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes tengan derechos que puedan resultar afectados aunque no lo hayan iniciado, y quienes se personen antes de la resolución definitiva; las personas jurídicas, entidades sin personalidad y profesionales colegiados obligatorios deben relacionarse electrónicamente con la Administración, siendo facultativo para las personas físicas en general. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todo procedimiento; el plazo máximo para resolver, si la norma reguladora no lo fija, es de tres meses, y no puede exceder de seis salvo norma con rango de ley o de Derecho de la UE. El silencio administrativo es estimatorio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (salvo excepciones como el derecho de petición, donde es desestimatorio); en los procedimientos de oficio, produce caducidad si son desfavorables y silencio desestimatorio si son favorables. Los actos son nulos de pleno derecho en supuestos tasados (lesión de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta, contenido imposible, prescindir total y absolutamente del procedimiento) y anulables por cualquier otra infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder.

Conceptos importantes

• La Ley 39/2015 regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común, los principios de la potestad sancionadora, el procedimiento de responsabilidad patrimonial y la potestad normativa (art. 1).
• Son interesados (art. 4): quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, quienes tengan derechos que puedan resultar afectados sin haberlo iniciado, y quienes se personen antes de la resolución definitiva por tener intereses legítimos afectados.
• Están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria y representantes de interesados obligados; para las personas físicas en general es facultativo.
• La Administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todo procedimiento, cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 21.1); si la norma reguladora no fija plazo, este es de tres meses, y el máximo general no puede exceder de seis salvo excepción legal (art. 21.2-3).
• El silencio administrativo es estimatorio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo excepción legal como el derecho de petición del artículo 29 CE, donde es desestimatorio (art. 24); en los procedimientos de oficio, es desestimatorio si de ellos pudiera derivarse un reconocimiento de derechos, y produce caducidad si pudiera derivarse un efecto desfavorable (art. 25).
• Son inhábiles a efectos de cómputo de plazos los sábados, domingos y festivos (art. 30.2).
• Son nulos de pleno derecho (art. 47.1) los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, los dictados por órgano manifiestamente incompetente, los de contenido imposible y los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento; son anulables (art. 48) los que incurran en cualquier otra infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder.

Preguntas de ejemplo

Ejemplos reales del banco de preguntas de este tema, con su explicación. No es el test completo.

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