Tema 9. La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de información, de atención y gestión, de identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita.

Auxilio Judicial · Ministerio de Justicia · Tema 9 de 26

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, como declaración institucional orientada a modernizar la Administración de Justicia desde la perspectiva del ciudadano; propugna una "justicia comprensible" (resoluciones y documentos sin formulismos innecesarios), exige que notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos empleen términos sencillos y comprensibles sin elementos intimidatorios, reconoce el derecho a no sufrir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u otra condición personal o social, presta especial atención a los menores (comparecencias adecuadas a su desarrollo evolutivo, evitando la reiteración de declaraciones), y prevé formularios normalizados y horarios de atención adaptados a cada territorio; las Cartas de Servicios recogen los compromisos de calidad de cada órgano judicial. En cuanto a los profesionales, el Abogado está sujeto al deber-derecho de secreto profesional, sus honorarios no están sujetos a baremo obligatorio tras la liberalización (Ley 25/2009), y el Consejo General de la Abogacía Española agrupa a los Colegios de Abogados; el Graduado Social asiste y representa al ciudadano ante la jurisdicción social con derechos y deberes análogos a los del Abogado; y el turno de oficio es el sistema, organizado por los Colegios de Abogados y Procuradores, mediante el cual sus colegiados asumen rotatoriamente la defensa de los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. La Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, reconoce este derecho también a los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos, con especialidades en asilo y extranjería, y su solicitud interrumpe los plazos de prescripción y suspende el procedimiento. La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, prevé la evaluación individual de las víctimas para determinar sus necesidades de protección, medidas específicas para menores (videoconferencia, limitación de declaraciones), el derecho a copia certificada de la denuncia y, para víctimas de delitos graves, la facultad de recurrir determinadas resoluciones en fase de ejecución de la pena. La Ley 35/1995 regula ayudas públicas, incluso provisionales, a las víctimas de delitos violentos cuando el autor sea desconocido, esté en paradero desconocido o resulte insolvente, siendo sus resoluciones denegatorias recurribles ante el orden contencioso-administrativo.

Conceptos importantes

• La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002.
• La Carta exige que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos se redacten en términos sencillos y comprensibles, evitando elementos intimidatorios innecesarios, sin merma de su rigor jurídico.
• El turno de oficio es el sistema organizado por los Colegios de Abogados y de Procuradores mediante el cual sus colegiados, de forma rotatoria, asumen la defensa y representación de las personas beneficiarias del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
• Tras la liberalización de honorarios profesionales (Ley 25/2009), los Colegios de Abogados no pueden establecer baremos obligatorios, solo criterios orientativos sin carácter vinculante.
• La Ley 1/1996 reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita también a los extranjeros que se hallen en España y acrediten insuficiencia de recursos, con especialidades en materia de asilo y extranjería.
• La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, prevé la evaluación individual de las víctimas para determinar sus necesidades específicas de protección y evitar su victimización secundaria, con medidas específicas para menores como la videoconferencia.
• La Ley 35/1995 permite conceder ayudas provisionales a las víctimas de delitos violentos, sin esperar a resolución judicial firme, en supuestos de acreditada precariedad económica, siendo recurribles ante el orden contencioso-administrativo las resoluciones que las deniegan o reducen.

Preguntas de ejemplo

Ejemplos reales del banco de preguntas de este tema, con su explicación. No es el test completo.

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