Tema 10. Derecho Administrativo.
El Derecho Administrativo se estudia a través de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (interesados, actividad administrativa, actos administrativos, procedimiento común y revisión de actos en vía administrativa), y de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (principios de actuación, órganos administrativos y Administración General del Estado).
Conceptos importantes
- El artículo 1.1 de la Ley 39/2015 fija su objeto: los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas (incluidos el sancionador y el de reclamación de responsabilidad) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
- El artículo 26.2 de la Ley 39/2015 exige, para la validez de los documentos electrónicos administrativos: contener información en soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, disponer de datos de identificación que permitan su individualización, incorporar una referencia temporal, los metadatos mínimos exigidos y las firmas electrónicas que correspondan.
- El artículo 70.4 de la Ley 39/2015 excluye del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos, o los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas), salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
- El artículo 63.1 de la Ley 39/2015 establece que los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, a diferencia de los procedimientos administrativos comunes, que también pueden iniciarse a solicitud del interesado.
- El artículo 30.2 de la Ley 39/2015 establece que, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, siendo esta una novedad respecto de la regulación anterior, que consideraba hábiles los sábados.
- Los Subsecretarios son órganos directivos que, junto con los Secretarios generales (cuando existen, con el mismo rango), ocupan el escalón jerárquico superior entre los órganos directivos del Ministerio, inmediatamente subordinados a los órganos superiores (Ministro y Secretarios de Estado).
Preguntas de ejemplo
Ejemplos reales del banco de preguntas de este tema, con su explicación. No es el test completo.
Según el artículo 1 de la Ley 39/2015, ¿qué regula, entre otras materias, esta ley?
Respuesta: Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común, incluidos el sancionador y el de reclamación de responsabilidad, y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Según el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, ¿tienen las personas físicas, con carácter general, derecho a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no?
Respuesta: Sí; el derecho a elegir el canal, salvo que estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos, se reconoce a las personas físicas y podrá ser modificado en cualquier momento.
Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, ¿cómo se inicia el procedimiento sancionador?
Respuesta: Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, ¿en qué momento puede el órgano administrativo competente adoptar medidas provisionales?
Respuesta: Una vez iniciado el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, así como antes de su iniciación en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, siempre debidamente motivadas.
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