Tema 26. La protección de datos de carácter personal
La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, adapta el ordenamiento español al Reglamento General de Protección de Datos y dedica su Título X a las garantías de los derechos digitales; con ella, los antiguos derechos ARCO —acceso, rectificación, cancelación y oposición— han evolucionado hacia los actuales derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y no ser objeto de decisiones automatizadas. El artículo 9 del Reglamento europeo reserva una protección reforzada a las categorías especiales de datos —origen étnico, opiniones políticas, religión, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos y de salud, y vida u orientación sexual—, mientras que el tratamiento de datos personales en el ámbito penal y policial se rige por su propia norma, la Ley Orgánica 7/2021, que transpone la Directiva (UE) 2016/680 (excluida del Reglamento europeo) y resulta de aplicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como autoridades competentes, encontrándose en vigor desde el 16 de junio de 2021.
Conceptos importantes
- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), es la norma general vigente en España en esta materia, complementando al Reglamento europeo de protección de datos.
- La AEPD tiene la forma jurídica de autoridad administrativa independiente, de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con independencia de la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones.
- El artículo 44.1 de la LO 3/2018 establece que la Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.
- El artículo 82 de la LO 3/2018 establece que los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet, debiendo los proveedores de servicios de Internet informar a los usuarios de sus derechos.
- El artículo 8.3 de la LO 7/2021 establece que, con carácter general, el plazo máximo para la supresión de los datos será de veinte años, salvo que concurran factores como investigaciones abiertas, delitos que no hayan prescrito, no conclusión de la ejecución de la pena, reincidencia o necesidad de protección de las víctimas.
- El artículo 18.1 de la LO 7/2021 establece que, si la grabación captara hechos constitutivos de infracciones penales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos a disposición judicial a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su grabación.
Preguntas de ejemplo
Ejemplos reales del banco de preguntas de este tema, con su explicación. No es el test completo.
¿Qué ley regula con carácter general en España la protección de datos de carácter personal y la garantía de los derechos digitales?
Respuesta: La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
Según el artículo 13.3 de la LO 3/2018, ¿a partir de qué plazo puede considerarse repetitivo el ejercicio del derecho de acceso, salvo causa legítima?
Respuesta: Cuando se ejercite en más de una ocasión durante el plazo de seis meses
Según el artículo 82 de la LO 3/2018, ¿a qué tienen derecho los usuarios respecto de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet?
Respuesta: A la seguridad de dichas comunicaciones, debiendo los proveedores de servicios de Internet informarles de sus derechos
Según el artículo 14.1 de la LO 7/2021, ¿están permitidas las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos negativos para el interesado?
Respuesta: Están prohibidas, salvo que se autoricen expresamente por una norma con rango de ley o por el Derecho de la Unión Europea, debiendo garantizarse el derecho a obtener intervención humana
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